La STJUE 14 de septiembre 2016, asunto de Diego Porras, resuelve una cuestión prejudicial que versa sobre la interpretación de la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, y determina que la trabajadora, interina y que perdió su puesto de trabajo nueve años después de ser contratada por el Ministerio de Defensa, tiene derecho a indemnización por despido al equiparar su trabajo al de un empleado fijo.
La legislación actual no contempla ninguna indemnización para los interinos al acabar su contrato pero sí para los trabajadores temporales, aunque esta indemnización extintiva es menor que en los casos de despido, de ahí parte del problema de la excesiva temporalidad del mercado de trabajo español.
A raíz de la “doctrina Diego Porras” se produce una gran conmoción en el sistema jurídico a la vez que un enorme desconcierto interpretativo en cuanto a la equiparación indemnizatoria de la extinción de los contratos, y lo que podía suponer un buen momento para promover una reforma legislativa con medidas y modificaciones reclamadas desde hacía tiempo por la comisión europea se queda en cierta pasividad del legislador lo que termina provocando un mayor caos interpretativo.
Tras una vuelta del asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, éste rectifica la “doctrina Diego Porras”, sentencias de la Gran Sala del TJUE, de 5 de junio de 2018, y avala la legislación laboral española que descarta con carácter general la indemnización de los interinos en el momento del cese, pese a haber estado durante años llevando a cabo funciones propias de personal indefinido.
La decisión del Tribunal Europeo introduce un matiz a esta doctrina, declarando que no es posible comparar un contrato de interinidad con otro indefinido; el despido del contrato indefinido compensa la imprevisibilidad extintiva.
Pero la nueva doctrina ha dejado una manifiesta inseguridad en la rectificación de la doctrina con ciertas ambigüedades, y debería ser el legislador y no los jueces, el que promoviera una necesaria reforma legislativa atendiendo a las recomendaciones del Parlamento Europeo sobre la lucha contra la precariedad y el uso abusivo de los contratos de trabajo de duración determinada.
